El desarrollo de los eventos que transformaron la constitución de las entidades públicas responsables de la seguridad y defensa de nuestro país y la evolución de las relaciones de poder a nivel global a finales del siglo pasado, demandaron un replanteamiento de estos conceptos en la esfera nacional, a fin de erigir instituciones sólidas, comprometidas con el respeto de los derechos humanos, que coadyuvaran a las condiciones que garantizan el desarrollo económico y social, la gobernabilidad y la consolidación del estado democrático.

La necesidad de una nueva concepción acerca de la seguridad y defensa del país, estaría fundamentalmente vinculada a la trascendencia histórica de la recuperación del control jurisdiccional del territorio nacional y el compromiso adquirido ante la comunidad internacional, de mantener el respeto al régimen de neutralidad que garantizara la integridad del Canal de Panamá y el libre tránsito del comercio mundial por esta via acuática; sumado a otros factores de orden interno derivados de la dinámica del desarrollo nacional en el plano económico, social y cultural.

En este contexto, nuestro mayor recurso estratégico: "la posición geográfica", se había convertido en un elemento atrayente de amenazas contra la estabilidad de nuestra sociedad y la región, en las que el crimen organizado transnacional dedicado al narcotráfico, al trasiego de armas, la migración ilegal, el terrorismo, entre otras actividades ilícítas, solamente podía ser contrarrestado a través de estamentos dirigidos a la prestación de servicios de seguridad con un enfoque multidimensional, altamente profesionales, debidamente equipados para afrontar estos retos y articulados con otros actores de la Política Social del Estado.

Tras el restablecimiento del orden democrático en el país, fueron notorios los avances alcanzados, en la implementación de acciones dirigidas al fortalecimiento de las instituciones competentes a garantizar el orden público, la administración de justicia, la resocialización de los ciudadanos y la prevención del delito; sin embargo, los nuevos retos a la seguridad que impone la dinámica del desarrollo nacional, la evolución del crimen organizado y la incidencia de desastres naturales en la región, exigían cada vez más, la conformación de mecanismos institucionales que facilitaran el desarrollo de sinergias necesarias para optimizar los recursos disponibles y potenciar los resultados en la prestación de los servicios de seguridad ciudadana, la protección del Canal de Panamá y la custodia de los espacios jurisdiccionales.

En el año 2008, el Gobierno Nacional formalizó la integración de los componentes del Servicio Aéreo Nacional (SAN) y el Servicio Marítimo Nacional (SMN), constituyendo el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), como una institución de seguridad pública, con carácter permanente, de naturaleza civil, con carrera profesional y régimen disciplinario especial, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública.